Unos 500 funcionarios del poder judicial de Piura son investigados por corrupción

La jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), Elvira Rentería Agurto, reveló que en lo que va del año más de 500 personas del Poder Judicial están siendo investigadas por diversas faltas.

“Hay un total de 530 personas de las cuales 24 han sido amonestadas y cuatro multadas, además hay dos propuestas de suspensión. Quedan 500 personas en investigación de los cuales el 30% son jueces y el resto son trabajadores judiciales”, indicó.

Mencionó que los retrasos en los juicios son las faltas más comunes para que los jueces sean quejados e investigados. “Hay denuncias por corrupción; pero, son pocas”, agregó. Durante el 2017, la ODECMA impuso 57 sanciones disciplinarias de las cuales 27 fueron sanciones y 11 multas; ocho propuestas de destitución y otro número similar para destitución y dos propuestas para suspensión temporal.

“De todas las propuestas, ninguna ha sido resuelta. Nosotros no tenemos la facultad para destituir o suspender, solo hacemos la investigación y la propuesta ante el Órgano de Control de Lima. Estamos a la espera de las resoluciones”, dijo Rentería Agurto.

Investigación

Sobre los audios y videos difundidos a nivel nacional en los cuales se dan a conocer actos de corrupción donde el presunto cabecilla de la organización criminal “Los ilegales”, Luis León More, alega que el juez Luis Cevallos Vegas habría beneficiado a imputados en actos delincuenciales a cambio de fuertes sumas de dinero, la titular de la Odecma dijo que ya se le abrió una investigación.

Sin embargo, ayer se conoció que Luis Cevallos Vegas, quien se desempeñaba como juez supremo, renunció a su cargo. Según el documento de la renuncia, eso no lo exime de las investigaciones.

Plan de emergencia

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Hernán Ruíz Arias, declaró que ante los actos de corrupción a nivel nacional y regional, implementará un plan de emergencia para frenar la corrupción. “Estamos implementando en todas las sedes una mesa para que recepcionen las denuncias contra actos de corrupción en que hubieran incurrido los

jueces o trabajadores judiciales. También se harán denuncias a las personas quienes hayan solicitado dinero a nombre de jueces”, dijo.

Otras medidas que se han implementado son: la disposición para que los juzgados de primera instancia y de paz letrados emitan una sentencia en el término de veinte días. “Esta labor sería verificada por la Odecma, con la finalidad de que los jueces que ven estas instancias sean expeditivos. Estamos declarando la Sala Plena en sesión permanente”, dijo.

“También se ha dispuesto la revisión de todos los expedientes en los cuales se haya concedido la apelación para que pasen a un órgano juridisccional superior y se resuelva a la brevedad, porque se ha visto lentitud en varios casos. Se está insistiendo en el control de los celulares a todo el personal, incluyendo a los jueces y solo se permitirá llamadas de familiares previo control”, aseguró Ruíz Arias.

Ante la interrogante si habrían más jueces inmersos o sindicados en organizaciones criminales, Ruíz Arias, dijo que espera que ya no hayan más. “Es una crisis profunda; sin embargo, hay personas honorables. Los magistrados estamos preocupados y trabajamos para revertir esta situación. Espermos que no hayan más jueces sindicados”, recalcó.

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