PERULANDÍA: cerca a la prescripción de la investigación del plagio de César Acuña del libro de Otoniel Alvarado

POR: JAIME ANTEZANA RIVERA.

 Hace 3 días, a contrapelo de las pruebas irrefutables del plagio del libro de Otoniel Alvarado por César Acuña, la jueza María Luz Sandoval ha declarado fundado el pedido de prescripción que presentó el ex candidato presidencial contra la investigación fiscal por el plagio del libro “Política educativa” del catedrático Otoniel Alvarado.

¿Qué significa que la jueza, la tercera que lleva el caso, que investiga este caso declare fundada el pedido de prescripción que presento Acuña por el plagio del mencionado libro? Como señala El Comercio, “La magistrada a cargo de la investigación a César Acuña por el plagio del libro de Otoniel Alvarado resolvió que el delito ha prescrito” (https://elcomercio.pe/…/cesar-acuna-paso-archivo-noticia-46…).

Tal como se lee, para la jueza el delito de plagio ya prescribió. ¿Qué significa la prescripción? Según el diccionario, es “Perder un derecho, una obligación o una responsabilidad su valor o efectividad por haber transcurrido el tiempo señalado para ello por la ley”. Es decir, como ya transcurrió el tiempo establecido por la ley, el caso ya está cerrado. Y Acuña ya no podría ser procesado por ese delito.

¿Qué falta para que se consagre la prescripción de uno de los plagios más escandalosos del país, por tratarse de un candidato a la presidencia de la República? “Si la sala superior confirma la prescripción, el caso “sencillamente se cierra”, señala El Comercio citando al fiscal Miguel Ángel Puicón, quien ya apelo la resolución. O sea, si bien hubo plagio flagrante pero ya no se puede condenar por ese delito.

¿Cuál es el principal argumento del fiscal que apelo la resolución? “Entre los argumentos de la apelación, el fiscal precisó que el delito de plagio se consumó en febrero del 2016, durante aquella conferencia, y desde ese momento se inicia el cómputo de una prescripción” (Ibíd). Si es así, ¿Porque la jueza resolvió a favor de la prescripción solicitada por la defensa de Acuña?

La resolución tiene esa intención: no procesar a Acuña por el delito de plagio. Este tipo de hechos no es algo aislado. Sin remontarnos muy lejos, este año ha habido varias decisiones fiscales y judiciales que colisionan con elementos indiciarios y/o probatorios de corrupción y lavado de activos. Son casos que dejan la percepción que existen fiscales y jueces que obran contra la justicia.

Por un lado, hace semanas, el vergonzoso archivamiento de la investigación por lavado de activos a Joaquín Ramírez, por -oh sorpresa numérica- la tercera fiscal que asumió el caso, basándose en la cuestionada Casación de Arequipa. Sin embargo, Tras un fallo judicial que deja sin efecto la Casación, la investigación debe reabrirse.

De otro lado, hace unos meses, contra múltiples elementos de convicción por el delito contra la administración pública, la Corte Suprema absolvió a Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien había sido condenado a 5 años de cárcel. Para el procurador anticorrupción, Amado Enco, el fallo del tribunal “sienta un grave precedente en la lucha contra la corrupción”.

Otro caso es la anulación de la sentencia de 6 años de prisión efectiva a Yvan Vásquez, expresidente regional de Loreto, a quien se le acusó de recibir una fuerte suma de dinero tras la elaboración de un perfil direccionado de la obra de alcantarillado de Iquitos, considerado “la peor obra de construcción en la historia de la ciudad”. Es una obra que no sirve y el principal responsable esta libre.

El archivamiento de investigaciones y anulación de sentencias que liberaron a autoridades políticas con múltiples procesos judiciales muestran que la justicia no hace lo que debe hacer con autoridades políticas o ex autoridades que ostentan poder político y económico. La gran demora para investigar a Alan Garcia por las coimas de Odebrecht, se inscribe en ese horizonte.

Todo ello ya no sorprende. Indigna, pero no provoca una movilización ciudadana. Lo que si deja claro es que en los organismos autónomos encargados de perseguir el delito (Ministerio Público) y la administración de justicia (Poder Judicial) no, con importantes excepciones, cumplen sus funciones con hombres poderosos.

Esto ha llevado a muchos a llamar “Perulandía”. Donde el político poderoso sentenciado termina absuelto a pesar de las pruebas o elementos de convicción. O donde el investigado, igualmente poderoso, termina con el archivamiento de su caso o la prescripción. La denominación de “Perulandía” equivale a una república frustrada o fallida ad portas del Bicentenario. O una república bananera.

Entonces, si contra las pruebas del plagio de Cesar Acuña del libro de Otoniel Alvarado y el principal argumento de la apelación, la sala superior que vera el caso confirma la prescripción estaríamos ante otro caso contrario a la justicia y con sabor a impunidad. Que estamos en “Perulandía”, pero para los “nuevos” poderosos y los poderosos de siempre.

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