Obrainsa Astaldi abandona Proyecto Alto Piura

Sondorillo: según testimonio de pobladores en Tunas la empresa se fue dejando varias DEUDAS que tiene desde hace 9 meses como alimentación y hospedaje.

Una visita sorpresiva del equipo Anticorrupción a cargo del Secretario Jaime Távara Alvarado a Sondorillo, comprobó la real situación del proyecto, evidenciándose el abandono de la obra. Para los funcionarios de Anticorrupción, fue una sorpresa encontrarse con esta realidad, donde se supone se trabaja a diario y debería existir personal realizando los trabajos de este emblemático proyecto.

El gerente del Proyecto Alto Piura, Marco Vargas Trelles, por la tarde dijo que la empresa supervisora le informó que el Consorcio Obrainsa Astaldi había abandonado el trabajo, tal como consta en este video.

Unas horas después dice que la obra no está abadonada sino que se trata de una paralización unilateral, pero que no saben por cuánto tiempo estará paralizada. También menciona que una de las empresas del consorcio tiene insolvencia ¿?

Ante las denuncias de paralización de la obra del proyecto Alto Piura por parte de la contratista Obrainsa Astaldi, la Oficina Regional Anticorrupción constató ayer -incluso con juez de paz- el abandono de los campamentos y los portales de salida y entrada.

CAMPAMENTOS. En el campamento de El Palto, en El Faique, en el cual, junto al Juez de Paz Luis Ramírez Arrieta, se verificó el retiro de todos los bienes de parte de la contratista

Además, se recogieron testimonios de trabajadores y de la misma empresa de seguridad sobre deudas que les tiene la contratista.

En el campamento de Tunas, las oficinas del proyecto ya están desmanteladas y las casas alquiladas han quedado abandonadas.

Los pobladores expresaron su preocupación por las deudas de alquiler que habían dejado, en algunos casos de más de nueve meses.

PORTALES. Después llegaron al portal de salida, donde solamente estaban presentes los vigilantes de la empresa de seguridad.

Se dejó constancia que la empresa había abandonado ya la obra y desde hacía más de dos semanas se había desmantelado la planta chancadora, por lo cual se apreciaban las partes de dicha planta.

Asimismo, una reja al ingreso del túnel del portal de salida, con fierros soldados, evitaba el ingreso, por lo que no se pudo constatar si dentro estaba o no la maquinaria perforadora.

Los vigilantes no sabían qué equipos y maquinarias han quedado, porque no se ha levantado ningún inventario al momento de salida de la contratista.

Más tarde, en el portal de entrada, el túnel de ingreso también estaba sellado con soldadura y todos los equipos abandonados.

A este lugar llegó el gerente general del Peihap, Marco Tulio Vargas Trelles, con quien se recorrió el portal.

Vargas indicó que había tomado conocimiento el jueves del informe de la supervisión en el cual se señalaba que la contratista había abandonado la obra y desmovilizado los equipos.

Indicó que también les había llegado una carta de la empresa, en la que se indica que se estaban retirando de la obra, porque la población de las comunidades de Tunas y Las Pampas, habían amenazado con tomar ayer los campamentos y secuestrar a los trabajadores y pegarles.

“Hemos ido a constatar con la supervisión, con la gente de Relaciones Comunitarias nuestra, hemos tenido una reunión con las rondas de Pampas y de Tunas, y no había tal situación, toda la gente está tranquila”, expresó.

Finalmente nos constituimos a ver al Juez de Paz de Sondorillo Miguel Montoya quién nos dió copia del Acta de constatación del libre tránsito de la zona.

Las opciones que quedan al Peihap son resolver el contrato o intervenir la obra.

“Nosotros ya estamos notificando, mediante carta notarial, y estamos convocando a una reunión de urgencia con los propietarios de Obrainsa y Astaldi, para que nos den una explicación sobre esta paralización sin motivo”, dijo.

La reunión sería en el transcurso de la próxima semana y si no hay justificación para la paralización tendrían que analizar cuál es la mejor alternativa.

Pero, ni la Oficina Regional Anticorrupción ni la Secretaría del Consejo Regional son de la idea de intervenir la obra, pues la empresa no tiene solvencia económica para continuar la ejecución.

La Oficina Regional Anticorrupción emitirá un informe al Consejo Regional para que con la urgencia que el caso amerita se tome un acuerdo, en cual se recomiende a la gobernación regional resolver el contrato, además se garantice el cumplimento de los pagos que adeuda la contratista a varias subcontratistas por alimentación, viviendas y pago de trabajadores.

DIARIO CORREO

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