DENUNCIAN PENALMENTE A FUNCIONARIOS DEL GRP POR MALVERSACIÓN DE FONDOS

Se veía venir. La presunta designación indebida de trabajadores nombrados (Régimen 276) en cargos de confianza del Gobierno Regional de Piura (GRP), bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios, generó que el Sindicato de Trabajadores interponga una denuncia penal por el delito de malversación de fondos en agravio del Estado.

La acusación fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Piura, donde se involucra a seis funcionarios que habrían permitido el pago irregular de haberes mensuales, por más de año y medio a ese personal de confianza.

La demanda considera al gerente general Antonio Orellana, a la gerenta de Planeamiento y Presupuesto, Helen Luna, a la jefa de la Oficina de Administración, Liliam Mío Holguín, la jefa de Recursos Humanos, Clarissa Mejía, secretaria general Nimia Elera y al ex gerente general Pedro Mendoza.

En el documento también se incluye a la jefa de la Oficina de Control Institucional (OCI) del gobierno regional, Francisca Rodríguez, por el presunto delito de omisión de denuncia en agravio del Estado. Se indica que la funcionaria no dio trámite inmediato a la acusación para su investigación.

En su denuncia, el sindicato hace referencia al Informe Técnico Nº 1248-2016 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), donde los servidores sujetos al Decreto Legislativo Nº 276, designados en cargos de confianza como CAS, deben estar bajo esa modalidad de contrato hasta por un máximo de 90 días calendario (tres meses).

  • “Sin embargo llevan 18 meses en el cargo, con lo cual habrían dejado de ser servidores del Decreto Legislativo 276 y pasan a ser trabajadores de confianza con la Ley 1057 (CAS)”, sostuvo el dirigente Manuel Mejía.

Señaló que estos funcionarios bajo la modalidad CAS ganan sueldos que oscilan entre 8,000, 9,000, 10,000 y hasta 15,000 soles.

  • Consejo Regional pedirá información sobre la denuncia de sindicato

Con respecto a la acusación penal interpuesta por el Sindicato de Trabajadores, el consejero regional Hermer Alzamora Román indicó que se pedirá la información a los dirigentes sobre el caso que involucra a seis funcionarios de confianza.

Refirió que si cuenta con el asidero legal, el Consejo Regional deberá recomendarle al gobernador Reynaldo Hilbck que evite la designación de personal nombrado como funcionarios CAS.

Por su parte la Asociación Civil Anticorrupción de la Provincia de Piura espera que el Ministerio Público cumpla con su función de indagar sobre ese tema, y sean denunciados ante el Poder Judicial. Indica que hará el seguimiento para que los responsables sean sancionados con todo el peso de la ley.

La Republica

DEJA TUS COMENTARIOS