En calidad de presidente del directorio, también aprobó diez adicionales a favor de contratista. Monto supera S/183 mlls
La investigación por supuestos pagos de coimas a funcionarios peruanos por parte de la empresa brasileña Camargo Correa y otras, ha involucrado a tres gestiones regionales de Piura. Se trata de los exgobernadores regionales, César Trelles Lara, Javier Atkins Lerggios y el actual gobernador, Reynaldo Hilbck, quienes tuvieron a cargo la gestión y ejecución del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap).
EL INFORME.
De acuerdo a la investigación que realiza el Congreso de la República, en base al informe del excongresista Juan Pari, el actual gobernador regional Reynaldo Hilbck registró un viaje a Brasil del 25 al 31 de marzo de 2012, cuando era presidente del directorio del Peihap (periodo 31 de enero de 2011 al 12 de julio de 2013). Incluso, según el documento, el viaje coincide con el desarrollo de los problemas en la obra del primer componente del Alto Piura.
Además, en aquel entonces se aprobaron diez adicionales de obra, valorizados en S/183’521,580, a favor de Camargo Correa cuando el Alto Piura contaba con un deficiente avance de obra.
Posteriormente, tras desencuentros con la empresa, el exgobernador regional Javier Atkins decidió resolver el contrato por mutuo acuerdo paralizando todo el proyecto.
En el 2015, en su calidad de gobernador regional, Reynaldo Hilbck licitó la ejecución del saldo de obra del primer componente del Peihap, pero este proceso también ha sido observado. Ello porque cuando Atkins resuelve el contrato con Camargo Correa (valorizado en S/479’663,437, pero con las adendas se incrementó a S/499’119,526) se reconoce la ejecución presupuestal de S/186’158,611 por la construcción de una Línea de Transmisión, caminos de acceso y campamentos. Sin embargo, al licitar el saldo de obra, Hilbck firma un nuevo contrato por casi el mismo monto que se firmó con Camargo Correa: S/474’196,965.
Ahora, César Trelles, Javier Atkins, y Reynaldo Hilbck han declarado ante la comisión investigadora. Trelles Lara ha señalado que la investigación no tiene sustento legal ya que dichas responsabilidades son propias de los funcionarios de aquel entonces. Atkins ha asegurado que las valorizaciones canceladas corresponden a trabajos realizados y que el nuevo operador (consorcio Obrainsa Astaldi) solo debería realizar trabajos en el túnel de trasvase y la presa derivadora sur. En tanto, Hilbck ha señalado que el consejo directivo tuvo un seguimiento cercano a la ejecución de la obra, y que los informes de la supervisión validaban los reportes de avance físico del contratista.
Diario Correo
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