¡CONTRALOR ÉDGAR ALARCÓN, RENUNCIE! : INTENTÓ BLOQUEAR DENUNCIAS Y EN “ALIANZA” CON EL FUJIMORISMO

POR: JAIME ANTEZANA RIVERA

El domingo 28 de mayo, un informe de Cuarto Poder dio a conocer lo que le propuso el contralor Édgar Alarcón al auditor de la Contraloría, Walter Grados Aliaga:

“Quisiera…que evalúes una posibilidad… ¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? Y yo te (doy) los descargos, y si no, personalmente, yo te acompaño y denunciamos (…) Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. (…) te digo, piénsalo, nada más te digo”.

La propuesta de Alarcón al auditor, que retire la denuncia del Congreso y el personalmente le dará los descargos, fue un intento ilegal del contralor para bloquear una denuncia al Congreso de un negocio que no solo no había declarado sino que no debió realizar.

¿Qué negocio era? Según el reportaje de Cuarto Poder, Alarcón y sus hijos compraron poco más de 90 vehículos de reconocidas marcas. En su caso específico, siendo vice contralor, entre el 2013 y el 2015 adquirió nueve autos por un total de US$ 182,550, los cuales no los declaró.

¿Porque no los declaro? Muy sencillo: de acuerdo al diario Gestión, “nunca debió comprar para negocio, pues la ley se lo impedía”. Ergo: si la ley se lo impedía, pero aun así realizo ese negocio, el contralor incurrió en una acción ilegal. No es, como señala el contralor, una irregularidad.

Es un acto ilícito de quien tiene controlar a todos los funcionarios públicos del país. ¿Cuál es la función de la Contraloría General de la República? Según su página web, “es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado…”.

Es evidente que Édgar Alarcón no puede continuar dirigiendo la Contraloría. Esta descalificado para continuar en esa función. No le queda otra que irse a su casa y enfrentar como cualquier ciudadano las investigaciones por el negocio de compra de autos de lujo que no debió realizar siendo vice contralor.

Por esa misma razón, sus dos hijos también tienen que ser investigados. Su hijo mayor, Edgar Alarcón Gordillo, empezó a adquirir carros desde los 18 años. En el 2006, cuando compró dos Honda Civic y, el año siguiente, a la edad de 19, compró once vehículos más, entre Hyundai, Mitsubishi, y Volkswagen Fox y Gol.

Su hijo menor, Guillermo Alexander Alarcón Gordillo, de 24 años, hizo lo propio. En el 2010, cuando su padre era gerente general de la Contraloría y él tenía 18 años, compró dos Volkswagen Passatt. Hoy tiene 24 y un largo historial de compras: entre el 2013 y el 2015, cuando Alarcón era vicecontralor, adquirió 16 vehículos entre autos y camionetas, marcas Jeep Grand Cherokee, Wolkswagen Jetta, Peugeot 360, BMW Coupé, Chevrolet Camaro, etc.

En el 2016, a sus 23 años, compró por permuta un Subaru. ¿De quién es el negocio realmente si sus hijos empezaron a los 18 años de edad? Es algo que tiene que investigarse. Pues es claro de suyo que ningún joven de 18 años, por más que sea mayor de edad, tiene los recursos para comprar autos y camionetas.

Otro caso tiene el contralor: “la ex trabajadora del área de Tesorería de la Contraloría, Marcela Emilia Mejía Franco, quien en su momento dependió funcionalmente de Alarcón cuando éste fue gerente de Finanzas de la Contraloría” (http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/contralor-alarcon-pidio-funcionario-que-retire-denuncia-su-contra-n278148) .

Según América Noticias, “la relación posteriormente se haría también sentimental. Cuando la trabajadora cesó de la institución, en el año 2010, fue liquidada de manera presuntamente irregular con 127 mil soles y otros 100 mil bajo concepto de pago de viáticos. Esto cuando su sueldo era, en el 2009, S/. 3 mil 350.

En un país normal el contralor ya habría renunciado sin ninguna resistencia y expresado su voluntad de ser investigado a fondo. Pero estamos en el Perú y aquí suele suceder cosas más que sorprendentes. No se trata de la resistencia a renunciar sino lo que paso con su caso en el Congreso bajo control total del fujimorismo.

En efecto, el auditor de la Contraloría Grados Aliaga lo denunció en el legislativo en agosto del 2016. Lo que sorprende es la acusación contra el contralor fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a cargo de la fujimorista Karina Beteta. A una Subcomisión que no correspondía.

En consecuencia, como no le correspondía el caso, este grupo archivó el caso por criterios formales, pero las acusaciones de fondo nunca se investigaron. Los fujimoristas, que fungen de furibundos luchadores contra la corrupción, lo llevaron a un grupo donde solo quedaba mandarlo al archivo.

Lo que es peor: la acusación no pasó por la Comisión de Fiscalización, que preside el fujimorista Héctor Becerril. Si bien el referido congresista ha dicho presuroso que “no conocía” el caso, sin embargo, eso es una forma de salir del paso ante el revelador informe de Cuarto Poder.

Nada de lo que pasa en el Congreso es casual. Todo lo decide el fujimorismo. El informe ha puesto en evidencia el trato benévolo y melifluo al contralor del fujimorismo. Y tras ese trato parece existir una “alianza” implícita con el contralor para no tocarlo y golpear al gobierno.

Es una “alianza” pro impunidad. No es una “alianza” contra la corrupción sino para apuntalar la renovada apuesta por la vacancia presidencial. De no renunciar ya sabemos quién maneja la Contraloría. Otra institución bajo la férula de narco fujimorismo.

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