5 DE ABRIL DE 1992: DICTADURA, CORRUPCIÓN DESENFRENADA Y NARCOESTADO

Por: Jaime Antezana Rivera

Un periodista de Diario Uno me hizo la siguiente pregunta: ¿Para usted, qué significó para el país el golpe del cinco de abril del 1992? Mi respuesta fue la siguiente, «Dos cosas: la instauración de un período dictatorial y autocrático, donde las instituciones fueron destruidas y pervertidas, y, entre 1990 a 1996, simultáneamente la conversión, por primera vez, del Perú en un narco estado»

Es fundamental reconocer no solo el carácter dictatorial del régimen fujimontesinista y los crimines de lesa humanidad (La Cantuta, Barrios Altos y el Santa) sino también el narco estado que encarno el fujimontesinismo. La concentración de los poderes sirvió para que, vía la negociación de «cupos» (narco dólares), poner al servicio de los carteles colombianos (Medellín y Cali) y los narcotraficantes nacionales el aparato estatal.

El cobro de cupos por militares a los narco vuelos en el VRAE, Alto Huallaga, Huallaga Central, Bajo Huallaga, Padre Abad y Coronel Portillo (Ucayali); el uso del avión presidencial, y otros cuatro aviones de la FAP identificados, para él envió de cocaína a EEUU y Europa; él envió de cocaína en dos barcos de la Marina, que fueron intervenidos en el puerto del Callao y Vancouver (Canadá); son algunos -entre otros- datos que corroboran que, entre 1990 y 1996, el Perú fue un narco estado.

En suma, el autogolpe de Estado tuvo también ese objetivo y, consustancial al narco estado producto de una alianza con el narcotráfico, la corrupción fue galopante e, incluso, superior a la corrupción y desastre del primer gobierno de Alan García. Una corrupción de doble vía: el saqueo del dinero público y del cobro de «cupos» a carteles colombianos y narcotraficantes nativos.

La derivación de 1,000 millones de soles de los fondos de la Caja Policial y Militar al SIN por Fujimori, Montesinos. la cúpula militar y un grupo de empresarios es solo una muestra del robo del dinero del Estado. Y el cobro de «cupos» por el uso de las pistas de aterrizaje, según «Vaticano» 50 mil dólares mensuales por la pista de Campanilla, San Martín, es otra muestra.

En el caso de los hurtos de los recursos del erario nacional tienen una estimación, sin embargo, el dinero obtenido por el cobro de «cupos» de 24 pistas de aterrizaje en funcionamiento entre 1990 hasta 1996 en el Alto Huallaga, Huallaga Central, Bajo Huallaga, Padre Abad y Coronel Portillo (Ucayali), no ha sido cuantificado. Y sin contar con las pistas clandestinas del VRAE y Pichis-Palcazu (Oxapampa, Pasco).

El ejercicio es fácil: si a Vaticano le cobraban 50 mil dólares mensuales por el «aeropuerto» de Campanilla, hay que multiplicar las 24 pistas por 50 mil dólares mensuales y esta suma por 12 meses, o un año, y luego por 6 años. Veamos: 24 pistas por 50 mil dólares, 1, 200 millones de dólares. Este monto mensual por  12 meses, da 14,400 millones de dólares. Y este monto por 6 años: sale 86,400 millones de dólares.

Una suma colosal. Eso sin contar, como lo dijimos, las pistas clandestinas del VRAE y Pichis-Palcazu. Tampoco del cobro de los «cupos» por los envíos de cocaína en los aviones de la FAP que fueron cuatro aviones que no fueron intervenidos y de los que no se logró tener conocimiento. Ni tampoco del cobro de «cupos» por los barcos de la Marina que no fueron descubiertos ni intervenidos en los puertos. ¿Es posible creer que se haya utilizado solo dos buques de la Marina para enviar cocaína a EEUU?.

O, también, los «cupos» que pagaban los carteles colombianos al fujimontesinismo por la exportación aérea -sin desconocer la existencias de otras rutas de salida de la droga- de PBC rumbo a la ceja de selva colombiana y, de ahí, a EEUU: en aquel entonces el principal consumidor mundial de cocaína. Nada era gratis o generosidad. Eso que lo crea su abuelita. Eran negocios. Y negocios son negocios.

En consecuencia, el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la reestructuración de la Contraloría, no solo implico la instauración de una dictadura que llevo la corrupción a niveles nunca vistos y la conversión del Perú en un narco estado.

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